Recientemente el Gobierno Vasco, en cumplimiento de un auto de ejecución provisional, ha dado orden de ingresar en las arcas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la cantidad de 18.419.864,63 euros. En sentencia 12/2012 se estimó parcialmente un recurso a la empresa Zeleta y se le reconoció el derecho a ser indemnizada. La empresa constituyó la garantía necesaria a finales del mes de marzo de 2014, mediante el correspondiente aval bancario y ahora el Gobierno Vasco hace lo propio con el depósito de la cantidad indicada, cercana a los 18,5 millones de euros.
Recordemos que la empresa Zeleta, explotadora de la cantera de Sasiola, lugar donde se asienta la cueva y yacimiento paleolítico de Praileaitz, obtuvo la concesión de la explotación minera nº 4759 por Resolución de la Dirección de Minas de 25 de junio de 2001 (publicada en el BOPV nº 183, de 20 se septiembre), de acuerdo con la previa Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 23 de noviembre de 2000, que en ningún caso contemplaba la conservación de la cueva de Praileaitz, ni otros yacimientos cercanos, ni que la citada cueva se encontraba en zona “sensible” de acuerdo con el art. 51,2,a) de la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, por motivo de los 100 metros de deslinde de la Ley 22/1988, de Costas. Por lo tanto aquella resolución de la concesión minera de acuerdo con la vigente Ley de Minas del año 1973 no era nigún cheque en blanco para la empresa, sino una autorización administrativa condicionada al cumplimiento de las condiciones de explotación y del resto de normativa sectorial aplicable (le afectaban 5 leyes de pleno efecto y vigor). Cuando la explotación de la cantera entró en zona sensible, la empresa no presentó previamente ante la autoridad competente la Evaluación de Impacto Ambiental que debiera haber presentado por entrar en la zona ambientalmente sensible y siguió con las labores de extracción de áridos calizos durante varios años, sin que aparentemente nadie lo percatase, ocultando el hecho y los datos ante la administración competente, hasta que por casualidad se detectó el asunto y se denunció el hecho de forma inmediata por parte de la asociación MNT. La paralización de explotación en una parte de la zona afectada por la Ley de Costas se produjo en febrero de 2008, por el Director de la Agencia Vasca del Agua (URA).
La empresa hasta entonces había obtenido mucho beneficio por efecto de extraer roca caliza en zona que no estaba autorizada. Se desconoce si se le ha reclamado ante el juzgado lo que ha obtenido ilicitamente (reposición y restitución de lo actuado). Muchos años y mucho beneficio, que puede ser evaluado por peritación. En un alarde de prepotencia y para evitar ser acusada, por efecto del Decreto 120/2007, de 20 de julio de 2007, por el que se calificó como Bien Cultural la cueva de Praileaitz I (Deba, Gipuzkoa), la empresa reclamó ante las autoridades culturales sus presuntos derechos en una zona que no podía explotar porque la legislación sectorial se lo prohibía, concretamente la Ley de Costas. La empresa se autoconvierte en un chivo expiatorio y de forma estratégica pasa a ser sufridora y acusadora. En el origen está el meollo de la cuestión, los abogados de la empresa tratan de arrimar el ascua a su sardina y eso es un auténtico esperpento, que los abogados de la acción pública no deben obviar.
Ahora el Decreto en vigor es el 120/2007, que únicamente protege la cueva de forma irrisoria, porque su pretendida modificación la dejaron caducar, por inacción y por segunda vez.
Las espadas continúan en alto. Esperemos que los tribunales de justicia usen el aval de la empresa como una parte para aplicar en la restitución de la zona.
Puedes descargar aquí la Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüistica y Cultura del Gobierno Vasco, por la que se dispone del cumplimiento del auto de ejecución provisional de la sentencia nº 12/2012 del TSJPV.
Sentencia-PRAILEAITZ-Orden-8-abril-2014-cumplimiento-ejecucion-provisional
AMIGOS DE PRAILEAITZ 
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